Reforma jubilatoria, sin más demoras
Por Alieto Guadagni (Academia Nacional de Educación) y Marcelo Garriga (FCE-UNLP)
En Argentina, el sistema jubilatorio cubre a la gran mayoría de la población adulta, ya que tenemos la tasa de cobertura más alta de América Latina. El envejecimiento poblacional es un problema que enfrentan casi todos los países y abre un abanico de interrogantes hacia el futuro.
Cuando nació el régimen jubilatorio había muchos jóvenes que ingresaban a la fuerza laboral y pocos ancianos que pasaban a retiro, y la expectativa de vida era alrededor de 20 años menor a la actual.
Hoy, esto es distinto, ya que en esta coyuntura demográfica, caracterizada por reducción de la natalidad y aumento en la expectativa de vida, el sistema jubilatorio ha ingresado en una etapa crítica.
Este problema es mundial, por eso en muchos países se discute el aumento de los aportes y el incremento en la edad requerida para jubilarse. Esto ocurre en países donde hay más de tres aportantes por cada jubilado, por eso es preocupante observar que entre nosotros esta relación es de apenas 1,4 aportantes por jubilado.
El sistema jubilatorio permite dar cobertura a la población adulta mayor, un grupo etario vulnerable y caracterizado por una importante participación de las mujeres (feminización del envejecimiento).
En Argentina, el sistema jubilatorio cubre a la gran mayoría de la población adulta, ya que tenemos la tasa de cobertura más alta de América Latina. El envejecimiento poblacional es un problema que enfrentan casi todos los países y abre un abanico de interrogantes hacia el futuro.
Los desafíos para los sistemas de salud y previsión social son enormes. Se necesitan cambios institucionales para afrontar las dificultades que se derivan de una población envejecida, pero las propuestas de reformas encaradas por los países desarrollados (Francia, Italia, España entre otros) han encontrado resistencias.
Estas reformas sólo pueden ponerse en marcha considerando un período de transición adecuado para que sean viables y exigen sólidos acuerdos entre las fuerzas políticas.
En Argentina, el sistema de previsión representa el gasto público más importante del Gobierno Nacional (alrededor de 10% del PBI), con una tendencia creciente al aumento en los próximos años. La población adulta mayor, que hoy alcanza el 10% del total, casi se duplicará en el año 2050. El haber medio de los jubilados y pensionados no supera los $11.000. Hay menos de un aportante y medio por cada adulto que recibe una jubilación o pensión, este es uno de los valores más bajos del mundo.
En un reciente diálogo con los jubilados en Francia, a las puertas del Palacio del Eliseo, el presidente Emmanuel Macron señalaba: ”Si usted mira el sistema de jubilación en Francia, en realidad se va a dar cuenta que usted ha trabajado para pagar la jubilación de sus mayores (es decir las personas que eran mayores al momento en que usted trabajaba).En Francia, no tenemos un sistema privatizado. Los que van a financiar su jubilación son los que ahora están trabajando”.
El sistema francés es similar al de Argentina, en el sentido que los trabajadores activos de hoy financian con sus aportes (o con impuestos) a los jubilados.
Pero qué pasa si, como ocurre en Argentina, más del 35% de la población activa trabaja en la informalidad? El sistema se torna no financiable. Esta advertencia sobre la caída de la tasa de sostenimiento ya la introdujo hace 60 años, en la Cámara de Senadores de la Nación, el senador Rocha Errecart: “Nuestro régimen jubilatorio se maneja con la proporción de 1 a 8,5, o sea que cada dos jubilados o pensionados existen 17 que son afiliados. El dato resulta interesante porque sirve para demostrar cómo el número de jubilaciones otorgadas con demasiada generosidad pueden, en determinado momento, llevar a las cajas a algún quebranto”. Un visionario, que nunca imaginó que el deterioro del sistema llegaría a la situación actual. Nuestro sistema previsional ya se declaró en quiebra en el año 1994, con una deuda con los jubilados de 7.000 millones de dólares y jubilaciones que apenas promediaban los US$100. Las razones de este colapso fueron: el envejecimiento poblacional, las generosas moratorias previsionales, la laxitud en el otorgamiento de los beneficios jubilatorios y el incremento de la informalidad laboral. Algunos de estos problemas han reaparecido.
Entre 2008 y 2014, se realizaron dos moratorias que facilitaron la jubilación de más de 3 millones de personas, sin aportes o con aportes parciales. Según una investigación de Nora Lustig (2015) más de la mitad de los beneficiarios de esta moratoria pertenecía a los quintiles de ingresos medios y altos. Es decir, no fue a la población más vulnerable.
Cuando se anunció la medida de la moratoria del 2014, la entonces Presidente señaló: “El proyecto de ley atenderá a los sectores de mayor vulnerabilidad social porque la anterior moratoria fue abierta y por allí tuvo la jubilación gente que por ahí hasta te critica….” .
Estas moratorias no se concentraron en los humildes y así facilitaron la jubilación de personas de alto nivel económico, que nunca habían aportado, porque seguramente no habían necesitado trabajar. Son más de un millón de beneficiarios de altos ingresos, que reciben una suma equivalente a cinco AUH, que es el ingreso más importante de muchas familias humildes. Estas moratorias dejaron en una situación de insolvencia e inequidad al régimen previsional.
¿Quién tiene incentivos a realizar aportes previsionales en este contexto? La discusión a fondo del sistema previsional no admite demoras. La inequidad del régimen y su sostenibilidad en el tiempo obligan a un profundo debate. Los jubilados no pueden esperar.
