Monotributo: es hora de repensarlo?
Por Marcelo Garriga (CEFIP-IIE-FCE-UNLP) y Santiago Garriga (IIE-FCE-UNLP)
El “Régimen simplificado para pequeños contribuyentes” (en adelante Monotributo), fue creado en el año 1998 mediante la sanción de la ley 24.997, con el objeto de incorporar trabajadores no registrados al circuito formal de la economía. La idea central del régimen era generar un mecanismo sencillo, de bajo costo de cumplimiento para los contribuyentes, principalmente trabajadores independientes y cuentapropistas, de forma que se incorporen a la economía formal y, en consecuencia, obtengan parte de los beneficios de los seguros sociales (salud y previsionales). Transcurridos casi 25 años desde su promulgación y, en momentos donde se está discutiendo la creación de una extensión, el monotributo productivo; esta nota se propone repasar algunos aspectos de la evolución del régimen en los últimos diez años, junto con sus potenciales implicancias.
El hecho estilizado que da el puntapié inicial es el siguiente: la cantidad de trabajadores registrados como monotributistas ha aumentado de manera sustancial en la última década. Como se puede ver en la figura, el número de monotributistas aumentó alrededor de un 35% entre 2012 y 2022 (línea roja), totalizando, a enero 2022, 1,8 millones de inscriptos (no asalariados) según el último reporte del Ministerio de Desarrollo Productivo [1]. A modo de referencia, la figura también incluye la evolución de asalariados registrados privados. A diferencia de lo ocurrido con los monotributistas, el número de asalariados ha permanecido estable en la última década (de hecho el último mes para el cual existe información, es inferior al primer valor de la serie) [2]. El crecimiento sustancial en la cantidad de monotributistas, plantea entonces algunas líneas de análisis.
¿Cuáles son los factores que podrían explicar esta evolución?
En primer lugar existe una tendencia creciente hacia el trabajo por cuenta propia, no solo en Argentina sino también en el resto del mundo. Esta tendencia, se vio reforzada en los últimos años con la posibilidad de realizar teletrabajo o trabajo a distancia, efecto que, a su vez, fue acelerado con la irrupción de la pandemia del Covid. El esquema laboral actual incluye modalidades de trabajo más flexibles (cambio en las preferencias laborales) que son más compatibles con las de un régimen simplificado. Todo ello además estimulado por el aumento del peso del sector de servicios en la economía y la aparición de nuevas tecnologías.
Otra potencial justificación es que el aumento pueda deberse a una respuesta de empresas y trabajadores al diferencial de costo de contratación implícito entre el régimen de monotributo y su modalidad alternativa (por ejemplo asalariado privado). La carga impositiva efectiva por contratar a un trabajador asalariado es decididamente mayor sin un claro vínculo con un mayor beneficio (por ejemplo el asalariado contribuye más al sistema previsional, sin embargo, no es obvio que recibirá una mayor prestación al momento del retiro). En la misma línea, el decreto 593 del año 2016, extendió el programa de asignaciones familiares, originalmente focalizado en asalariados, a monotributistas con hijos, reforzando el costo anteriormente descripto.
Naturalmente, esta situación tiene implicancias importantes sobre aspectos claves del sector público.
En primer lugar existe un efecto sobre las cuentas fiscales. Al analizar la evolución de la recaudación tributaria, se observa que el monotributo se ha mantenido relativamente constante en los últimos 10 años, en el entorno del 0,11 % del PBI [3] a pesar de que el número de contribuyentes totales (asalariados y no asalariados) ha crecido fuertemente. Existen además, algunos elementos asociados al diseño del impuesto que generan comportamientos indeseados agravando el problema. El ‘salto’, o discontinuidad en el monto a pagar, al pasar de una categoría a otra, genera que los contribuyentes tengan incentivos a agruparse antes de ‘pasar’ a la categoría siguiente (bunching) [4]. Este esquema genera costos de eficiencia y enanismo fiscal. Dada la tecnología impositiva existente, por ejemplo facturación electrónica, la factibilidad de un esquema con una menor cantidad de ‘saltos’ sería recomendable [5].
Asimismo, el régimen de monotributo genera efectos sobre la sostenibilidad actuarial de los sistemas previsionales y de salud; de hecho, existe muy baja relación entre los aportes a los seguros sociales y los beneficios obtenidos. La tasa interna de retorno (TIR) estimada del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones es de 1,2% para aportantes varones y 2,6% para mujeres, con un valor actual neto negativo (beneficios previsionales menos aportes realizados durante la vida activa). En tanto para los monotributistas del mismo sistema, que realizan aportes previsionales relativamente más bajos que un asalariado, la TIR es de 8,2%. Esto revela un claro subsidio cruzado entre los aportantes generales al régimen y los monotributistas que debilita la sustentabilidad del sistema previsional [6].
Consideraciones finales
En esta nota se documenta una evolución creciente en la cantidad de monotributistas a lo largo de la última década (a diferencia de lo que sucede con los asalariados privados). Los potenciales determinantes de este incremento son varios: un movimiento hacia una forma de trabajo más independiente, cambio en preferencias hacia trabajos más flexibles, y/o respuestas de empresas y trabajadores al esquema impositivo vigente entre los distintos regímenes de contratación. Naturalmente, el incremento de monotributistas genera efectos sobre las cuentas fiscales y sobre la sostenibilidad actuarial de los sistemas previsionales y de salud, entre otros efectos. Queda para futuras entradas, un análisis más detallado que idealmente haría zoom en los distintos perfiles de monotributistas (según categoría, edad, género, con y sin hijos). Como reflexión final, es importante destacar que, dado los hechos descriptos en esta columna, resulta importante repensar no solo el monotributo, sino los distintos regímenes de contratación y seguros sociales (salud, desempleo, previsional), en un contexto en el cual la relación laboral predominante no es la del asalariado tradicional, sino que han emergido nuevas relaciones laborales y modalidades de trabajo más flexibles.
Notas
[1] Este número no incluye trabajadores inscriptos en el monotributo social (aproximadamente 450 mil). Por otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reportó que el total de monotributistas inscriptos a marzo de 2022 asciende a 3,5 millones, de los cuales 1,7 millones corresponderían a asalariados (privados o públicos) que realizan alguna actividad independiente.
[2] Esta observación también contrasta con el comportamiento del sector público donde los asalariados públicos crecen una tasa similar que los monotributistas. En decir, mientras que el total de asalariados ha permanecido estancado en los últimos 10 años crece el número de monotributistas y empleados públicos.
[3] Recaudación impositiva del “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” para el período 2004/2020 según la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía de la Nación.
[4] Ver esta entrada anterior ‘Buenas notches impuestos’.
[5] Un caso extremo de discontinuidad presente en el esquema impositivo, es el ‘salto’ entre la última categoría de monotributo y el régimen de autónomos.
[6] Ver esta entrada anterior ‘Ganadores y perdedores del régimen previsional’.
