La importancia de la información para un consumo de agua eficiente
Por Roberto Balado Naves (Departamento de Economía, Universidad de Oviedo), María de los Ángeles García Valiñas (Departamento de Economía, Universidad de Oviedo) y David Roibás Alonso (Departamento de Economía, Universidad de Oviedo)
Si bien es cierto que el objetivo 6.4 de la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible (UN, 2015) establece la necesidad de “(…) aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores (…) para hacer frente a la escasez de agua y reducir significativamente el número de personas que sufren falta de agua”, los últimos datos indican que aún queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, cerca de dos tercios de la población mundial sufren problemas importantes de escasez de agua al menos un mes al año (Mekonnen and Hoekstra, 2016), mientras que el impacto de la acción humana sobre el cambio climático parece estar reduciendo el caudal de afluentes en grandes áreas como el noreste sudamericano, el Mediterráneo o el sur de Asia (IPCC, 2022).
Uno de los factores que contribuyen a que este problema no se solucione es el de la existencia probada de malgasto de agua a nivel residencial (Pérez-Urdiales, 2016; Hung et al., 2017). Por tanto, existe un margen de reducción en el uso del agua por parte de las familias, sin que estas vean insatisfechas sus necesidades y preferencias de consumo de agua. A escala mundial, estos valores de ahorro potencial se han estimado en torno a los 20 y 50 litros por persona al día (Gleick, 1998; WHO &UNICEF, 2000).
En este sentido, fomentar un uso eficiente del agua requiere llevar a cabo intervenciones sobre la demanda de agua. Más aún, con el objetivo de minimizar el gasto público y acelerar el progreso en los Objetivos por el Desarrollo Sostenible, las políticas a diseñar deben de ser efectivas, por lo que es necesario llevar a cabo una evaluación de las distintas estrategias que los agentes públicos puedan implementar.
Intervención sobre la demanda residencial de agua: las políticas tarifarias
Dada su condición de recurso de uso común, una de las herramientas de la que se dispone para su gestión óptima son las tarifas del agua. Estas tarifas suelen adoptar una estructura binomial, incluyendo normalmente componentes de tipo fijo y variable. Este último puede consistir en un precio único para cada metro cúbico consumido, o bien puede basarse en tramos de consumo, aplicando precios diferentes en función del consumo del usuario, que normalmente se incrementan a medida que el uso del agua se intensifica.
Si bien es cierto que la teoría microeconómica abogaría por este tipo de tarifas variables-progresivas por bloques, que incentivarían un consumo eficiente de agua, lo cierto es que la evidencia empírica muestra resultados que nos hacen dudar de su efectividad. Esto es, dada la complejidad de la estructura de estas tarifas, así como la escasez en los incentivos existentes para que las familias adquieran información precisa sobre el coste real del consumo de agua, se produce un fenómeno a través del cual los precios de esta no se trasladan correctamente a su demanda (Binet et al., 2014; Brent y Ward, 2019).
Con el objetivo de diseñar campañas informativas efectivas que puedan paliar estos problemas de sesgo de información sobre el consumo eficiente de agua, será necesario analizar cuantitativamente el impacto marginal de la provisión de información sobre el despilfarro o malgasto de agua. En este contexto surge nuestro estudio.
Consumo eficiente de agua: el caso de Gijón
Nuestro análisis toma como caso de estudio el consumo residencial de agua en la ciudad de Gijón, ubicada en la franja noroeste de España. Cuenta con una población superior a los 270.000 habitantes, una superficie de 181.7 km2 y una temperatura media de 14ºC (Ayuntamiento de Gijón, 2022). A su vez, su población se encuentra repartida entre entornos urbanos y rurales, con cerca del 11% de la misma ubicada en zonas periurbanas.
La provisión de los servicios del agua en la ciudad de Gijón viene dada por la empresa municipal EMA, la cual establece una tarifa integrada para los servicios del agua, compuesta por una serie de elementos fijos independientes del consumo, y una parte variable que incluye una estructura progresiva por bloques para el servicio de abastecimiento y un precio lineal en el caso del alcantarillado. A estas cantidades habría que añadir diversos tributos, tales como el Impuesto sobre Afecciones Ambientales del Uso del agua, cuya gestión y titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (gobierno regional), y que tiene la finalidad de fomentar el uso racional del agua [1], o el Impuesto sobre el Valor Añadido, de titularidad estatal y gestión compartida entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Los hogares reciben la factura del agua cada dos meses, momento en que pueden consultar el detalle de todos estos conceptos.
La figura 1 muestra la estructura de la parte variable de la tarifa, incluyendo todos los conceptos mencionados anteriormente. Como puede observarse, la estructura aplicable es diferente en función del tramo de consumo, debido al Impuesto sobre Afecciones Ambientales, lo que incrementa la dificultad de comprensión de la estructura de precios por parte de las familias.
Para nuestro estudio se consideró una muestra representativa de 1,068 hogares gijoneses residentes en viviendas dotadas con contadores individuales, entre los años 2017 y 2021, de los cuales se posee información relativa a su consumo y facturación por parte de la EMA, así como datos sobre las características socioeconómicas de las familias y de sus lugares de residencia que fueron obtenidos a través de encuestas realizadas por correo postal e internet [2]. Además, en la encuesta se incluyeron preguntas adicionales con el objetivo de evaluar la calidad de la información de la que disponían las familias acerca de las tarifas del agua y de otros datos relativos a su consumo de agua.
En relación con los hogares encuestados, la familia promedio está compuesta de 2,4 miembros, con un 30% de los mismos mayores de 65 años. La renta media familiar está en torno a los 2.050€ mensuales, y cerca de un 90% de los hogares tiende a ubicarse dentro del primer bloque de consumo, con una cantidad media de 17 metros cúbicos cada dos meses. En relación con la información sobre precios y consumo, cerca de un 70% no fueron capaces de estimar el consumo de agua que habían realizado el bimestre anterior a la encuesta, un 25% desconocían el valor de su última factura y un 4% declararon no conocer el precio marginal al que se enfrentaron.
A fin de llevar a cabo el análisis, se llevó a cabo la estimación por el método de máxima verosimilitud de una frontera de demanda estocástica Stone-Geary para el consumo de agua, donde se parametrizó el término de malgasto o uso ineficiente del agua en función a la calidad de la información de la que disponían las familias, así como de sus hábitos declarados en el uso del agua.
Nuestras estimaciones dieron lugar a los siguientes resultados principales (ver Tabla 2):
- La ineficiencia en el uso de agua se incrementa significativamente entre los hogares con mayor renta per cápita, con más de tres miembros, con peores hábitos declarados en el uso del agua, que habían infraestimado precios, facturas y cantidades consumidas de agua, y que no eran capaces de estimar precios o el valor de su factura del agua.
- Se estima que el hogar promedio despilfarra aproximadamente el 38% del agua que consume cada bimestre. Por tanto, fomentar un uso racional del agua podría reducir el consumo por hogar en unos 50-70 litros por persona al día.
- En relación con la calidad de la información, observamos que los sesgos que afectan en mayor medida al despilfarro de agua son los asociados a la infraestimación del cómputo total de la factura, así como la de la cantidad consumida de agua. En concreto, dejar de infraestimar alguno de estos ítems reduciría el consumo ineficiente entre un 15 y un 20% del consumo medio de estos subgrupos (unos 30-50 litros diarios).
En definitiva, detectamos importantes ineficiencias en el uso del agua por parte de los hogares, identificando igualmente aquellos grupos o perfiles que registraban un mayor malgasto. Uno de los aspectos clave detrás de estas ineficiencias es la desinformación o desinterés que los hogares tienen en cuestiones relativas al agua. Es por ello que sería muy recomendable el diseño de políticas públicas orientadas hacia las mejoras informativas de los usuarios. Así, las medidas podrían ir desde el envío de folletos explicativos simples hasta otros diseños más sofisticados, basados en la filosofía “nudge” (Thaler, 2018). Todo ello acompañado de consejos e información técnica para transmitir a los hogares las posibles estrategias para ahorrar agua, contribuyendo así a optimizar este recurso tan valioso para todos.
Notas
[1] De hecho, la parte variable del tributo adopta una estructura “superprogresiva”, en la que el precio marginal se aplica a la totalidad del consumo del usuario. Este aspecto puede generar aún más confusión entre los consumidores, dado que la tarifa variable de la EMA aplica un precio diferente a cada m3 en función de su ubicación en los tramos de consumo.
[2] La encuesta fue realizada entre diciembre de 2020 y abril de 2021. Ante las especiales circunstancias marcadas por la pandemia Covid-19, no fue posible realizar encuestas cara a cara, lo que complicó y alargó el proceso de obtención de los datos. Asimismo, la presencia de un elevado porcentaje de personas mayores de 65 años en el municipio hizo necesario considerar varios medios alternativos para el envío de las respuestas del cuestionario.
Referencias
Binet, M. E., Carlevaro, F., & Paul, M. (2014). Estimation of residential water demand with imperfect price perception. Environmental and Resource Economics, 59, 561-581.
Brent, D. A., & Ward, M. B. (2019). Price perceptions in water demand. Journal of Environmental Economics and Management, 98, 102266.
Gleick, P. H. (1998). The human right to water. Water policy, 1(5), 487-503.
Hung, M. F., Chie, B. T., & Huang, T. H. (2017). Residential water demand and water waste in Taiwan. Environmental Economics and Policy Studies, 19, 249-268.
IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp.
Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2016). Four billion people facing severe water scarcity. Science advances, 2(2), e1500323.
Pérez-Urdiales, M., García-Valiñas, M. A., & Martínez-Espiñeira, R. (2016). Responses to changes in domestic water tariff structures: A latent class analysis on household-level data from Granada, Spain. Environmental and Resource Economics, 63, 167-191.
Thaler, R.H. (2018). “Nudge, not sludge”, Science, 361(6401), 431.
WHO & UNICEF. (2000). Global water supply and sanitation assessment 2000 report. World Health Organization.
